Especialistas laborales coincidieron en que se debe cuidar la salud de los trabajadores y es importante hacer pruebas del nuevo coronavirus, sin embargo la obligación de origen para ello debería ser de parte del gobierno.
Cada entidad en el país determina las reglas generales bajo las cuales las empresas aplican los protocolos de seguridad una vez que retomen sus actividades, no obstante, es indebido que se traslade la responsabilidad de la aplicación de pruebas a las empresas con más de 30 trabajadores, argumentaron abogados laborales.
De acuerdo con los Lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, las personas físicas o morales titulares y responsables del funcionamiento de las actividades que conforme al color del Semáforo Epidemiológico se encuentre operando, cuya plantilla laboral sea de 30 o más personas, deberán realizar a su costa pruebas de detección de Covid-19 por lo menos al 5% de la totalidad de su plantilla laboral, ya sea de forma individual o grupal.
Óscar de la Vega, socio de la firma D&M, comentó que “es indiscutible que se debe cuidar la salud de los trabajadores; es importante que se hagan estas pruebas, aún cuando la obligación de origen debería ser de parte del gobierno. Las empresas deben establecer protocolos, ya que la dependencia del Trabajo lo está revisando, de manera honesta, y las empresas deben transferir estas obligación en principio al IMSS, porque se trata de una enfermedad general y no de un riesgo de trabajo”.
En tanto, Alejandro Avilés Gómez, especialista laboral, resaltó que el incumplimiento a los lineamientos por parte de los patrones, “dará lugar a que la inspección del trabajo realice visitas de verificación e inspección a efecto de corroborar el cumplimiento de las normas de trabajo, provocando que los patrones sean, en principio multados, pudiendo, incluso, provocar la clausura del centro de trabajo”.
Pruebas cada dos semanas
Entre los detalles que publicó el Gobierno de la Ciudad de México contempla que aquellos que tengan condiciones favorables para mantener la sana distancia de 1.5 metros entre sus trabajadores y personas usuarias de sus servicios, deberán realizar pruebas a sus trabajadores cada dos semanas. Sin perjuicio de que puedan practicarlas con menor temporalidad.
En caso de que el trabajador que se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, incurrirá en una causal de rescisión de su contrato individual de trabajo, añadió Avilés Gómez.
De la Vega, por su parte, expuso que se deben puntualizar algunos aspectos de los lineamientos del plan gradual, “así como está redactado genera una serie de confusiones, no determina si habla de la totalidad de trabajadores, o de la totalidad de la nómina; es poco clara la redacción”.
Además, los mismos lineamientos establecen que “no se podrán despedir a trabajadores que presenten síntomas compatibles con el Covid-19 o hubieren resultado positivos de la enfermedad mediante la aplicación de pruebas”, en lo cual no se define quién asumirá el costo “en países como Argentina, no se despide al trabajador, en gran medida porque el gobierno asume el pago de salario, cosa que en México no existe”, concluye el laborista.